Estados Unidos realizó otro ataque en alta mar contra un barco que, según el Pentágono, llevaba drogas hacia el país.
Esta operación fue la 17.ª de la campaña y dejó tres muertos.
El gobierno la considera parte de su estrategia militar.
El presidente Donald Trump llama a los traficantes “narcoterroristas”.
Sin embargo, la legalidad y las pruebas detrás de estas acciones generan dudas.
Qué ocurrió
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que el ataque sucedió en aguas internacionales del Caribe.
El barco estaba supuestamente operado por una “organización terrorista designada”.
Esta campaña ya ha realizado 17 ataques a barcos sospechosos de traficar drogas.
Con esta operación, el número total de muertos asciende a al menos 69 o 70 personas.
Razones del gobierno
El gobierno estadounidense dice que:
- El narcotráfico es una amenaza directa para la seguridad de EE.UU.
- Los barcos atacados usan rutas conocidas hacia territorio estadounidense.
- Llamar a los traficantes “narcoterroristas” justifica acciones militares en alta mar.
No hubo bajas entre las fuerzas estadounidenses durante este ataque.
Críticas y dudas legales
Expertos en derecho internacional y derechos humanos cuestionan si el narcotráfico justifica un ataque letal en aguas internacionales.
Hasta ahora, no se han mostrado pruebas públicas de que el barco llevaba drogas o perteneciera a un grupo terrorista.
Algunos gobiernos de la región y defensores de derechos humanos advierten sobre el riesgo de muertes extrajudiciales y la escalada militar bajo el pretexto de la lucha antidrogas.
Importancia para Latinoamérica y el Caribe
El Caribe es una zona clave para las rutas de drogas hacia EE.UU.
La intensificación de ataques militares en la región genera tensiones políticas, por ejemplo con Venezuela.
Si la estrategia sigue, el control de drogas podría pasar de ser policial a militar.
Conclusión
La muerte de tres personas en el 17.º ataque muestra que EE.UU. ha escalado su campaña militar contra el tráfico de drogas.
Aunque el gobierno dice que protege al país, la falta de transparencia y las dudas legales abren un debate sobre los límites de la acción militar en aguas internacionales.